La reciente solicitud de la ministra Patricia Bullrich de allanar a periodistas por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, es un ataque directo a la libertad de prensa y un peligroso precedente para la democracia. Este tipo de acciones, calificadas como “nunca antes experimentadas en democracia” por la Cámara de Diputados, constituyen un claro intento de censura previa y una violación flagrante de los derechos constitucionales.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, ya que permite la circulación de información y la crítica al poder. El pedido de allanamiento a periodistas es un claro intento de silenciar a la prensa y de limitar su capacidad para informar y criticar al gobierno.
La Constitución Nacional establece claramente que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales que deben ser protegidos y respetados. El artículo 14 de la Constitución Nacional refleja que “todos los habitantes de la Nación gozan de la libertad de expresar sus pensamientos por cualquier medio”. La ley también establece que la prensa tiene el derecho a informar y a investigar sin temor a represalias.
Es inaceptable que el gobierno intente utilizar la fuerza y la coerción para silenciar a la prensa. La democracia se basa en la libertad de expresión y en la capacidad de la prensa para informar y criticar al poder. Si permitimos que el gobierno silencie a la prensa, estaremos poniendo en peligro la democracia misma.
Es hora de que el gobierno entienda que la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado. La prensa tiene el derecho a informar y a investigar sin temor a represalias. Es hora de que los legisladores y los ciudadanos en general se pronuncien en defensa de la libertad de prensa y de la democracia. No podemos permitir que se siga vulnerando este derecho fundamental.