Cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó a la página 9 de su discurso sobre los datos de la memoria fiscal 2025-26, levantó la vista, miró fijo a través de gafas retro redondas de color dorado al frente de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo y, después de apuntar que las sentencias absolutorias dictadas por los juzgados de lo Penal constituyeron en 2024 el 19,4 % del total (contra el 20,6 % en 2023), matizó.
Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse -en un riguroso análisis de la justicia penal- como un dato discordante. Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía.
Algunos de los ilustres invitados al alcance de mi vista se volcaron hacia sus colegas con una risa socarrona. Vaya: ¿qué estaría pensando el fiscal general del Estado al decir que las absoluciones suponen que el sistema funciona? ¿Que será absuelto en el juicio que le espera por haber revelado, presuntamente, el secreto del correo del 2 de febrero de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el cual expresaba al fiscal de Madrid su disposición a firmar un acuerdo de conformidad con dos delitos fiscales y uno de falsedad?
Se puede entender. Porque la próxima semana, el juez Ángel Hurtado, que se encontraba este viernes 5 entre el respetable, hará dos cosas: rechazar la suspensión cautelar del fiscal general del Estado que han pedido las acusaciones populares, esto es, suspenderle ya para que, al ser acusado formalmente -auto de apertura de juicio oral-, acuda al juicio sin su rango; y dictar ese auto de apertura de juicio oral. La Sala Segunda procederá a citar la fecha del evento para el mes de octubre próximo.
Ayer, el autor intelectual de esta crisis -que ha debilitado enormemente al Ministerio Fiscal-, Manuel Marchena, se encontraba empotrado en la sala en uno de los asientos, entre los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Volvía a sus orígenes, es decir, a la carrera fiscal. Y estaba entre dos personalidades que con el resultado del juicio del procés se desengañaron en su relación con él. Porque ellos -junto con Jaime Moreno y Fidel Cadena- querían una sentencia por rebelión y no abandonaron la esperanza hasta el final. ¿Leyeron mal los gestos y las palabras de Marchena? Vaya usted a saber.
En julio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) envió la exposición razonada para que la Sala Segunda abriera causa contra el fiscal general del Estado, Marchena no tardó en oler sangre. En septiembre de 2024, la Sala de Admisión -de la Sala Segunda- fue integrada por Marchena (presidente), Susana Polo (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
Susana Polo y Marchena son viejos conocidos. Ella era titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid cuando él era fiscal del mismo ya hace largos años. Ahora, en la exposición razonada del TSJM, Polo estudió la nota informativa que, según el TSJM, revestía caracteres de posible delito de revelación de secreto y la referencia a la posible filtración del ya célebre correo. Pero no vio indicios de delito. Marchena -según ella ha narrado a lo largo del último año a diversas personas- le explicó que, si bien se podía asumir que la nota informativa no suponía delito, en cambio convenía investigar la filtración del correo.
Polo asumió que en los procesos de instrucción no se pueden hacer votos particulares en la Sala de Admisión, y finalmente acordaron que se harían unas diligencias y ya se vería. En el auto de admisión, basado en la ponencia de Polo, se decidió poner que en la nota informativa “se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada… pero de la instrucción se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular [Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso] fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial”.
La instrucción, confiada a un magistrado procedente de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, hizo el resto. La espectacular entrada y registro de la UCO en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía de Madrid, el clonado de los ordenadores y dispositivos de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, respectivamente, durante doce horas, y el descarte consciente de todas aquellas pruebas que colocaran en contexto las filtraciones -vamos, lo que hizo el voto particular del magistrado Andrés Palomo, al señalar que no existía “conducta típica” y la “prueba es insuficiente“- han configurado esta crisis.
Fue una crisis provocada. Lo peor es que los verdugos nunca creyeron que el fiscal general del Estado resistiría. Y quisieron que no se presentara en el acto de este 5 de septiembre ante el Rey. Se sentían -se sintieron- incómodos. Pues ellos se lo buscaron.
Ahora el juicio oral será el nuevo campo de batalla. Con Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda, y Susana Polo de ponente. Marchena, Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela le apoyaron en octubre de 2024 en la Sala de Admisión. Pero el deshielo ha empezado en lo que hemos llamado el Soviet Supremo por su frecuente unanimidad. El voto del magistrado Palomo puede ser un borrador de sentencia -absolutoria- para la futura ponente.
Solo una nota a pie de página. El Pacto PSOE-PP que renovó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha creado un Frankenstein corporativo. La presidenta Isabel Perelló entiende la división de poderes en una sola dirección: del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo. Los múltiples ataques al poder y a los políticos han sido exagerados en un Estado Judicial como el español.
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