Así lo indicó a Télam, el dirigente Cristian Cabrera, quien preside la organización Originarios en Lucha, y señaló que el evento se realizará hasta el lunes y tiene como objetivo fortalecer la identidad, la cultura y los derechos de los pueblos originarios.
«La apertura salió muy bien y reunió a 590 hermanos», contó Cabrera y mencionó entre los principales temas que se abordaron en el encuentro «la preocupación es el territorio» y la prórroga de la Ley 26.160, que «es algo que nos mantiene de pie para tener nuestro territorio todavía vivo».
La ley 26.160, que tiene como objetivos dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, suspende la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. Además, indicó que esta edición «tiene una gran motivación porque es la primera vez que se hace en la provincia de Misiones».
La jornada se realizó en la Universidad Nacional de Misiones (Unam) (Fotos: Natalia Guerrero)
En ambos idiomas -español y el de cada pueblo- fueron presentándose los diferentes referentes de cada comunidad, con hincapié en la importancia de las tierras, el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y los derechos ganados, indicaron los organizadores.
La jornada reunió a representantes de los pueblos atacamas, aymaras, chanés, charrúas, chorotes, chulupís, comechingones, diaguitas, guaraníes, guaycurúes, huarpes, logys, kollas, lules, mapuches, mocovíes, pilagás, ranqueles, quechuas, onas, qom y wichis, entre otros.
El Ministerio de Desarrollo Social de Misiones y la Brigada de Monte 12 colaboraron en recursos y gestiones, mientras que el almuerzo de las jornadas estuvo a cargo del Ejército Argentino.
La Ley y el reclamo de los pueblos originarios
La Ley 26.160, sancionada en el año 2006, declaraba, en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años (que fueron siendo prorrogados), la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismo provincial competente, o aquellas preexistentes y suspendía (por el término de la duración de la emergencia declarada) el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.
En noviembre de 2021 el presidente Alberto Fernández decretó una nueva prórroga de cuatro años que lo extiende hasta el 23 de noviembre de 2025.
Sin embargo, las comunidades originarias reclaman que la norma sea aprobada en Diputados «con todo lo que significa una ley nacional».
«El DNU no es como la ley, no se le puede legitimizar como una ley, alguien puede poner un amparo ante el decreto y no hay ley que la respalde», advertía en una movilización anterior Dulce Pacci, integrante del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, de Jujuy.