El diputado nacional de Unión por la Patria por Córdoba, Pablo Carro, fue uno de los firmantes que este jueves presentaron dos iniciativas que buscan revertir el dramático momento que atraviesa el sistema educativo universitario nacional y que sufren trabajadores docentes, nodocentes, graduados y estudiantes.
Acompañado por las firmas de las y los diputados Ana Carolina Gaillard, Itai Hagman, Jorge Ricardo Herrera, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Sabrina Selva, Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi y Hugo Yasky, estos nuevos proyectos de ley apuntan a sostener el Financiamiento Universitario y evitar futuros vetos presidenciales si se aprobase la iniciativa.
El primero de los proyectos, similar en muchos aspectos al que tuvo aprobación legislativa el año pasado, tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina a partir del año 2025.
En su articulado, esta iniciativa indica que el Poder Ejecutivo Nacional debería actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales.
También debería actualizar al 1° de enero de 2025 (y a partir de allí en forma bimestral) el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias de funcionamiento, hospitales universitarios, “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades” y “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.
Por otra parte, siempre según el proyecto presentado, el gobierno debería recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período.
En su contacto con el programa “Fuerte y Claro” en la mañana de SRT Media, sostuvo el diputado Carro: “Con este nuevo proyecto de ley buscamos reponer en la agenda legislativa el tema, que está lejos de agotarse en su conflictividad. Hoy vemos que la política del gobierno respecto del sistema universitario público mantiene y profundiza la línea de ajuste desde que asumió en diciembre de 2023”.
Impedir el Veto
En la misma línea, el segundo proyecto presentado es una iniciativa que plantea la convocatoria a una CONSULTA POPULAR VINCULANTE Y OBLIGATORIA sobre el Financiamiento Universitario.
Carro explicó: “Nuestra Carta Magna, en el primer párrafo del artículo 40, establece que la Cámara de Diputados ‘podrá someter a consulta popular un proyecto de ley’. Esa ley que convoca a la consulta no puede ser vetada. En este tipo de consultas el voto de los ciudadanos es obligatorio y, si el electorado apoyase la iniciativa, el proyecto se convertiría automáticamente en ley”.
Agregó que “esto es lo que se conoce como “consulta popular vinculante”, ya que la decisión de la ciudadanía debe ser acatada” por el poder ejecutivo y por tanto no podría ser vetada.
El proyecto presentado establece la convocatoria a la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la Nación Argentina a Consulta Popular Vinculante con arreglo a lo prescripto en el artículo 40 de la Constitución Nacional y la Ley N° 25.432.
La Consulta se realizaría a través de la pregunta: ¿Está Ud. de acuerdo en que el Estado Nacional garantice el financiamiento del Sistema Universitario Nacional conforme los criterios actualizados de la Ley 27.757, de acuerdo al proyecto de ley 1802-D-2025?
El diputado explicó: “Desde que asumió el actual gobierno nacional, se han pulverizado los presupuestos educativos con un énfasis especial en el universitario y en el sistema de ciencia y técnica. Esto configura un ataque frontal a la educación pública, al que se suman el impacto de los tarifazos y el congelamiento de salarios de docentes y no docentes, la falta de dinero para el mantenimiento de edificios educativos y hospitalarios, y para afrontar los insumos que se necesitan para enseñar”.
Hizo referencia también a la importancia que tuvo el hecho de que la comunidad educativa en su conjunto y la sociedad mayoritariamente le hayan dicho NO al desfinanciamiento, a través de masivas movilizaciones y acciones de protesta en todas las ciudades del país.
“Sin embargo, a pesar de este contundente apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, el presidente Milei la vetó en forma total, planteando como único argumento la necesidad de mantener el “déficit fiscal cero” cueste lo que cueste y denunciando supuestos actos de corrupción en el sistema universitario sin integrar una sola prueba o denuncia al respecto”, recordó Carro.
Sobre el final, el diputado sostuvo: “Sólo para mencionar algunos datos del Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario del Gremio de las y los Docentes e Investigadores de la UNC, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y marzo del 2025 equivale a 5,5 salarios al valor actual; en abril, el salario debería aumentar un 51% para mantener el poder de compra de noviembre del 2023. Ante este panorama es necesario encontrar un instrumento constitucional que dé cuenta de la problemática de la falta de financiamiento universitario que pone en crisis total a todo el sistema”.