De cara a las elecciones de octubre, el legislador provincial Agustín Spaccesi comenzó a recorrer las localidades del interior cordobés y conversó con vecinos para escuchar sus necesidades. Spaccesi es candidato a diputado nacional por el Partido Libertario y mostró sus diferencias con respecto a la lista que armó Gabriel Bornoroni y que encabezan los candidatos a Gonzalo Roca y Laura Soldano (La Libertad Avanza).
Uno de los puntos sobre los que focalizó su campaña, fue la necesidad de avanzar en una nueva política de seguridad. En ese sentido, planteó endurecer penas y bajar la edad de imputabilidad, con un abordaje específico cuando intervienen adolescentes. Al respecto, recordó que en Córdoba «se sancionó una ley que permite a la justicia aprehenderlos y alojarlos en el Complejo Esperanza para tratamientos psicológicos, finalizar la escuela y aprender un oficio».
Con relación al narcotráfico, se mostró contundente: «Hay que perseguirlos hasta abajo de la cama».
También defendió la descentralización de tareas de prevención y dijo: «Impulsamos que los intendentes que quieran puedan tener guardias locales. Es imposible pretender que desde la Capital se solucionen los problemas de Quilino, Deán Funes, Cruz del Eje, Carlos Paz o Río Cuarto».
Consultado por las tensiones políticas vinculadas al armado libertario, Spaccesi dijo que respalda al gobierno nacional y mantiene una «relación personal» con el presidente Javier Milei. «Lamentablemente, hay dirigentes que hoy conducen La Libertad Avanza en Córdoba que priorizan el amiguismo y las designaciones sin idoneidad en organismos como ANSES y PAMI. Vinimos a enarbolar la bandera de la meritocracia, no los amigos o socios»; remarcó.
En su plataforma electoral, Spacessi sostuvo que acompañará iniciativas como el endurecimiento penal, la simplificación tributaria, la baja de impuestos y la reducción del gasto público, aunque marcó un límite con la discapacidad: «No podemos joder a lo más débil de la sociedad. Si hay fraude o corrupción, hay que ir uno por uno y hacer que devuelvan la plata. Lo que no puede pasar es que prestadores que atienden a personas con discapacidad tengan valores congelados hace 14 meses»; concluyó.