El conflicto entre el municipio y Surrbac volvió a impactar de lleno en el servicio de recolección. Esta vez, la ciudad de Córdoba amaneció con bastante basura acumulada. Desde el gremio aseguran que el problema “no es salarial”, pero las actas y los hechos indican exactamente lo contrario.
El sindicato solicitó un 10% de aumento más un bono por el trimestre marzo-junio, cifra que el municipio consideró inviable. La negativa derivó en un servicio resentido, con acumulación de residuos en zonas claves como el centro y las rutas de acceso norte y sur. Mientras tanto, la ciudad quedó atrapada entre los reclamos y la inacción.
En paralelo, la Secretaría de Ambiente difundió mensajes contradictorios, lo que demuestra la descoordinación del Ejecutivo. Mientras un comunicado atribuía el problema a medidas gremiales por motivos salariales, el propio secretario Gabriel Martín decía que “la cuestión no es salarial”. La falta de claridad alimentó el conflicto.
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Una estructura sindical que se impone sin control ni transparencia
Desde su origen, Surrbac sostiene su autonomía sellando acuerdos siempre por encima de Camioneros, lo que explica los reclamos sistemáticos. El gremio nació como escisión en tiempos del conflicto CFK-Moyano, y desde entonces necesita diferenciarse con paritarias más elevadas. El costo lo paga la ciudad, desbordada de basura, sin discusión.
La diferencia salarial entre recolectores de Surrbac y los de Camioneros ronda el 40% al 50%, según fuentes del propio sistema. Esa brecha fue construida con años de negociaciones opacas. Las actas acuerdo con el COyS no son públicas y, aunque los rumores circulan, la documentación real es casi inaccesible incluso para los concejales.
La estrategia es siempre la misma. Surrbac acuerda primero con el COyS, presiona a las otras prestadoras para que acepten ese piso, y el municipio termina redeterminando. Las empresas, cuyas planillas salariales representan más del 70% del costo total, no tienen margen para absorber los aumentos.
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Basura acumulada y municipios atrapados por un gremio incontrolado
El “trabajo a reglamento” activado por el Surrbac afectó no sólo a Córdoba Capital, sino también a las localidades que usan el predio Piedras Blancas. Aunque el servicio no se detuvo en el área metropolitana, la descarga de residuos se ralentizó por decisión del gremio. Las consecuencias se notaron rápido en calles y rutas provinciales.
En el fondo, el gremio utiliza la prestación del servicio como herramienta de presión para validar sus demandas salariales. Lo hace enmascarando el conflicto como falta de medios operativos. Sin embargo, no hay evidencia de escasez material, sino una puja política por sostener privilegios que el sistema municipal ya no puede financiar.
El viernes pasado, la Municipalidad logró una conciliación obligatoria exprés inédita, porque ni siquiera hubo paro declarado. Algunos en el sindicato dicen que no lo esperaban. La rapidez con la que actuó el Ministerio de Trabajo provincial sorprendió, pero no resolvió la causa de fondo, que sigue intacta.
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Un municipio que heredó el problema, pero también lo alimenta
El Surrbac no se fortaleció por generación espontánea. Creció bajo la complicidad de gestiones que cedieron ante cada exigencia, sin establecer límites. Desde 2009 hasta hoy, ningún intendente, sea radical o peronista, cuestionó el funcionamiento del gremio ni transparentó el sistema de recolección.
El municipio hoy enfrenta una caída fuerte en la recaudación, sin subsidios nacionales y con deudas que arrastra desde la era Mestre. La situación fiscal se agrava porque la recolección, uno de los servicios más caros, no puede ajustarse. Cada acuerdo con el Surrbac implica actualizar costos que Córdoba no puede cubrir ni auditar.
Las redeterminaciones de precios están frenadas desde mayo del año pasado y las prestadoras esperan que el municipio las destrabe. Prefieren que Surrbac haga el trabajo sucio, forzando la discusión salarial que actúa como llave para reabrir esas cuentas. El resultado: más gastos, menos control y calles más sucias.