¿Quién sospecharía de un perfil así? Decía llamarse «Ezequiel Aguirre«, tener un hijo chiquito que mostraba en su foto de perfil y una profesión de la que parecía orgulloso, según las imágenes que subía con su uniforme de Policía bonaerense. Con esa misma ropa posaba en su foto de Whastapp.
En realidad se llamaba Nicolás Nahuel Medina y atendía los llamados de los interesados en los autos robados que publicaba como legales desde un pabellón de la cárcel de Olmos. Cada vez que lo llamaban, desde otro teléfono activaba un video de YouTube con el sonido de la frecuencia de una radio policial.
«Teneme paciencia que estoy en el patrullero…», se disculpaba ante los consultantes. Y cuando pedían ir a ver el auto, les decía que lo mostraría un familiar, ya que él no podía por sus horarios laborales. Según una investigación, que culminó con el allanamiento a su celda y el secuestro de al menos 5 autos robados, en los últimos 3 meses vendió más de 20 autos robados.
«Por cada auto ganaban entre un millón y un millón y medio de pesos. Funcionaban como una concesionaria tumbera. Hay mucha gente que compró y todavía no se enteró que la estafaron. Están manejando autos robados», dice uno de los detectives a cargo de la investigación.
Medina tenía cómplices. El parte policial dice que en once allanamientos detuvieron a cinco hombres y dos mujeres. Todos son vecinos de La Matanza (Isidro Casanova, González Catán, Rafael Castillo) y se los imputó por «falsificación de documentos del automotor«.
Desde el Juzgado solicitan la presencia de damnificados de la banda de Medina, para imputarle más hechos. Creen que podrían ser muchísimos más. Solo que como no hicieron la transferencia, aun no lo saben.
Los autos robados se escondían en una casa para «enfriarlos». El próximo paso consistía en la modificación del grabado de vidrios y el encargo del juego de patentes y la carpeta con la documentación apócrifa. En un principio pagaban 80 mil pesos por el «servicio». Los abastecedores eran de Lomas de Zamora. Pero como a veces se demoraban en las entregas, «El Gordo» buscó un nuevo contacto. Les pedía 90 mil pesos por el kit, asegurando tener todo listo en 48 o 72 horas.
«El desconocimiento por el trámite de dominio de un auto es inmenso. Y a eso hay que sumarle que tal vez el comprador no desconfía de un policía. Cree que no lo van a estafar», dice un detective de la División Delitos contra el Automotor de la Policía Federal Argentina (PFA), que participó de los seguimientos y las escuchas de la banda de Medina.
Los encuentros entre vendedor y comprador podían ser en una plaza, o una estación de servicio, o una estación de tren. Siempre en lugares públicos y de La Matanza. Los precios eran menores a los del mercado. Y los autos, siempre eran de gama media.
«Probaban el auto y si les gustaba, lo pagaban en el momento. En efectivo y sin firmar nada. Se ve que todavía no se acercaron al registro a realizar el trámite de la transferencia. Recién ahí se van a enterar que compraron un auto robado. Y lo más grave: hasta puede que se les abra una causa judicial hasta que se compruebe que son compradores de buena fe», asegura el detective.
En las comunicaciones también se burlaba de sus víctimas. «Creen que están haciendo el negocio de sus vidas…», se lo escucha comentar en una llamada con «El Gordo».
Las patentes falsas llevan los mismos números y letras de un auto «legal» del mismo modelo. Por lo que muchos conductores recibirán, y deberán pagar, las infracciones que cometan los compradores del auto robado.
Todo hasta que estos últimos sean frenados en un control de rutina, o que quieran revender el auto y deban pasar por el registro, o se decidan a hacer la transferencia. Mientras tanto, circulan por la calle sin saber que manejan un auto robado y que el «policía» que se los vendió en realidad era un preso de la cárcel de Olmos.
MG