Cambiar las reglas de un juego suele ser complejo. Sobre todo, si depende principalmente de quienes juegas y suelen salir ganando. Esto explica que los partidos lleven desde 2017 enzarzados en debates para reformar la Ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y aún no hayan llegado a un amplio consenso. Ahora, el Gobierno quiere volver a poner el asunto sobre la mesa con su propuesta para rebaja a los 16 años la edad mínima para votar y que, como ha adelantado EL PERIÓDICO, quieren impulsar antes de verano. Sin embargo, esta es una de las tantas exigencias que plantean las formaciones políticas:
El Ejecutivo prevé aprobar en los próximos meses el anteproyecto de ley de Juventud y Justicia Generacional, que tendrá como medida estrella la bajada de la edad mínima para votar a los 16 años. La propuesta, que de aprobarse se aplicará de manera gradual, ha sido demandada en varias ocasiones por ERC, EH Bildu y Podemos, mientras que los socialistas rechazaron esta medida en la pasada legislatura. Por el momento, en Europa solo Austria tiene este límite tan bajo para las elecciones nacionales, aunque otros países sí lo aplican en los comicios europeos.
Desde el inicio de los trabajos para reformar la LOREG, uno de los principales asuntos que se ha tratado es la necesidad de establecer la obligación de celebrar debates electorales. En la pasada campaña electoral, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaron en un cara a cara emitido por Atresmedia, pero el líder del PP rechazó asistir a otro debate en RTVE al que sí asistieron Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Así, el propio Gobierno, en su Plan de Acción por la Democracia, se compromete a regular la obligatoriedad de los debates en campaña.
La búsqueda de un sistema electoral más proporcional al actual es una de las grandes cuestiones que se han planteado. Sobre todo porque suele beneficiar a los dos principales partidos en la mayoría de circunscripciones y a los partidos independentistas y nacionalistas en los territorios en los que se presentan. En este sentido, Sumar incluyó en su programa electoral a las pasadas elecciones la necesidad de elevar de 350 a 400 -el máximo que establece la Constitución- el número de diputados en el Congreso para que el sistema sea más proporcional.
Tras la polémica ocurrida en las elecciones municipales de 2023, cuando EH Bildu incluyó en sus listas a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre, el PP ha exigido la reforma de la LOREG para impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles “sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas”. Los populares impulsaron esta reforma en octubre del año pasado, pero fracasaron ante el bloque de la investidura.
Formaciones como ERC han planteado en varios debates la posibilidad de impulsar el voto electrónico con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Sin embargo, ante esta propuesta, las formaciones más conservadoras han sostenido que supondría poner en riesgo todo el sistema, ya que abriría puertas a que aumentase el fraude y la compra de votos.
Actualmente, en España no se pueden publicar encuestas desde cinco días antes del día de votación. Esta medida, bastante inusual comparada con los países del entorno, ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones. No obstante, el Ejecutivo de PSOE y Sumar ha priorizado en su Plan de Acción por la Democracia la necesidad de que los sondeos que sí se publican deban ser transparentes y ofrecer todos los microdatos para que los ciudadanos puedan analizar los resultados por su cuenta.
Antes de las próximas elecciones europeas, previstas para 2029, se deberá reformar la LOREG para establecer el porcentaje mínimo de votos que debe obtener una formación para obtener representación. Una norma europea obliga a todos los países a situar este mínimo entre el 2% y el 5%. España, por el momento, no ha hecho ninguna modificación, pero Sánchez ya ha pactado con el PNV que cualquier cambio lo acordará con ellos para fijar una base que permita a los partidos minoritarios seguir teniendo representación en el Parlamento Europeo.
Además, el PP ha intentado impulsar otra reforma para evitar que formaciones de distintos territorios puedan presentarse en coalición a los comicios europeos presentando listas distintas en cada lugar, de tal forma que los ciudadanos desconocen qué otros candidatos se presentan por esa candidatura. No obstante, su propuesta fue rechazada hacer unos meses.